En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), de la cuál Argentina es miembro. En nuestro país existe el derecho a la salud, que establece que cualquier persona que habite el territorio nacional goza del pleno acceso a la salud física, mental y emocional con prestaciones igualitarias en el ámbito del sistema público. Además, la ley nacional de sida establece que toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene derecho a acceder a la atención integral de la salud en forma gratuita incluido el tratamiento antirretroviral, tanto en el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas.
Sin embargo, todos estos derechos se ven cortados cuando desde el Estado no garantizan el stock de los distintos insumos que son necesarios para llevar adelante nuestros tratamientos (medicamentos y reactivos químicos) así como también efectores de salud capaces de accionar en cada uno de nuestros diferentes casos. En este sentido, nos encontramos habitualmente con médicos que cuestionan las formas en las que adherimos a nuestros tratamientos antirretrovirales, nuestras prácticas sexuales, nuestros deseos de tener hijxs, incluso nos encontramos personal de salud que devela nuestros diagnóstico violando nuestro consentimiento y nuestra confidencialidad.
La falta de acceso al empleo no es una cuestión ajena a nuestra salud integral. Muchas veces nos topamos con un test de VIH en los exámenes preocupacionales, algo que es completamente ilegal y, sin embargo, su práctica nos excluye de poder acceder a un trabajo por el hecho de vivir con VIH.
Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos seguimos exigiendo un real ejercicio de nuestro derechos vinculados a la salud. Seguimos exigiendo la cura como una respuesta política, porque no aceptamos seguir perdieron amigxs, compañerxs y familiares a causa de VIH/Sida y de la falta de políticas y un sistema de salud que nos desampara y nos nos integra. Seguimos exigiendo una nueva ley de VIH, Hepatitis e ITS porque nos encontramos en la necesidad de herramientas que nos garanticen un real acceso a la salud, al trabajo, a la participación en la toma de decisiones en los distintos programas de VIH y también en la creación de infraestructura especial para quienes nacieron con VIH y llevan toda una vida tomando medicamentos y padeciendo sus distintos efectos adversos.
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